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Viñateros repudian decisión de la FNE

6 julio, 2017

vinateros1Los viñateros esperaban que la investigación de la FNE se tradujera en una acusación ante el TDLC. Los viñateros están buscando ahora el apoyo de parlamentarios.

“Sentimos que hasta las propias instituciones del Estado nos han dado la espalda y traicionado para proteger los intereses de los grandes de la industria”, manifestó Yenny Llanos, presidenta de la Coalición Nacional de Viñateros, en referencia al informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que luego de una investigación del mercado de uva vinífera, determinó que “no es posible concluir la existencia de una conducta de abuso de posición dominante por abuso de poder de compra, en consideración a que no se ha observado una posición dominante de parte de alguno de los agentes compradores”.

La investigación se inició en abril de 2016, luego que la coalición, que agrupa a organizaciones de viñateros de las regiones del Bío Bío, Maule, O’Higgins y Metropolitana, presentara una denuncia en diciembre de 2015 ante la FNE, en la que acusaba a los tres grandes poderes compradores: Concha y Toro, Santa Rita y San Pedro.

La expectativa de los viñateros era que la investigación llevara a la FNE a denunciar a las empresas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDL).

Sin embargo, la FNE descartó la denuncia tras analizar aspectos como las participaciones de mercado de los compradores, sus tamaños relativos y su evolución durante el periodo 2012-2016, sumado a que se ha observado el ingreso de nuevos actores.

Sin perjuicio de lo anterior, la FNE tomó conocimiento de circunstancias que podrían afectar el desempeño competitivo de los productores de uva, cuyo análisis y posibles soluciones corresponden a autoridades sectoriales. Por esta razón, envió oficios al Ministerio de Agricultura, a Odepa y al SAG, para que analicen estas situaciones y adopten las medidas que estimen pertinentes en materia normativa y de fiscalización.

La FNE mencionó que los productores dicen que es necesario poner atención a la falta de fiscalización en aspectos  como las muestras y medidas tomadas por los compradores para determinar el precio de la uva y en el etiquetado de los vinos. Asimismo, expresaron su preocupación en relación al límite legal de 7% de agua en el vino y a la falta de fiscalización sobre la vinificación de cepas que no debieran ser vinificadas, como la “uva de mesa”. Y solicitan mejorar el sistema de recopilación de información por parte de Odepa.

Reparos
Llanos recordó que en los últimos 11 años se han presentado numerosas denuncias ante la FNE y que en un informe de 2012, en que se acusó de colusión a los grandes compradores, “la FNE dijo que no se podía probar la colusión, sin embargo, advirtió que existe un gran poder de compra, alta concentración y barreras en la industria”, lamentando que en dicha ocasión no se investigara el abuso de posición dominante y se mostró suspicaz frente a la contradicción entre ese informe y el actual.

De igual forma, afirmó que la industria está altamente concentrada y verticalmente integrada, con un oligopsonio en que las tres principales viñas representan el 80% del mercado.

“Es más, en el último informe ni siquiera se mencionan los precios predatorios bajo los costos que llegaron a $30/kilo, con los consecuentes daños al sector; mucho menos se investigó para dar una explicación de la causa de dichos precios. Lo anterior, a sabiendas que la principal excusa del poder comprador para pagar bajos precios eran los sobrestocks, lo cual fue refutado técnicamente, entonces ¿cuál es la razón de la fijación de precios bajo los costos?”.

“Nos preguntamos si la FNE está efectivamente cumpliendo su rol de defender la libre competencia o simplemente está buscando excusas para no investigar o acusar a los poderosos. Obviamente, a la luz de los resultados, la respuesta pareciera ser clara y la desilusión aún mayor en una institución en la que creíamos”, añadió Llanos, quien explicó que están buscando el apoyo de personeros políticos, como parlamentarios, de hecho, dijo que ya se han contactado con los diputados Carlos Jarpa y Jorge Sabag, y con el senador Víctor Pérez, y que solicitaron una reunión con el diputado Iván Flores, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja.

“Sentimos que hasta las propias instituciones del Estado nos han dado la espalda y traicionado para proteger los intereses de los grandes de la industria”, manifestó Yenny Llanos, presidenta de la Coalición Nacional de Viñateros, en referencia al informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que luego de una investigación del mercado de uva vinífera, determinó que “no es posible concluir la existencia de una conducta de abuso de posición dominante por abuso de poder de compra, en consideración a que no se ha observado una posición dominante de parte de alguno de los agentes compradores”.

La investigación se inició en abril de 2016, luego que la coalición, que agrupa a organizaciones de viñateros de las regiones del Bío Bío, Maule, O’Higgins y Metropolitana, presentara una denuncia en diciembre de 2015 ante la FNE, en la que acusaba a los tres grandes poderes compradores: Concha y Toro, Santa Rita y San Pedro. La expectativa de los viñateros era que la investigación llevara a la FNE a denunciar a las empresas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDL).

Sin embargo, la FNE descartó la denuncia tras analizar aspectos como las participaciones de mercado de los compradores, sus tamaños relativos y su evolución durante el periodo 2012-2016, sumado a que se ha observado el ingreso de nuevos actores. Sin perjuicio de lo anterior, la FNE tomó conocimiento de circunstancias que podrían afectar el desempeño competitivo de los productores de uva, cuyo análisis y posibles soluciones corresponden a autoridades sectoriales.

Por esta razón, envió oficios al Ministerio de Agricultura, a Odepa y al SAG, para que analicen estas situaciones y adopten las medidas que estimen pertinentes en materia normativa y de fiscalización. La FNE mencionó que los productores dicen que es necesario poner atención a la falta de fiscalización en aspectos como las muestras y medidas tomadas por los compradores para determinar el precio de la uva y en el etiquetado de los vinos. Asimismo, expresaron su preocupación en relación al límite legal de 7% de agua en el vino y a la falta de fiscalización sobre la vinificación de cepas que no debieran ser vinificadas, como la “uva de mesa”.

Y solicitan mejorar el sistema de recopilación de información por parte de Odepa. Reparos Llanos recordó que en los últimos 11 años se han presentado numerosas denuncias ante la FNE y que en un informe de 2012, en que se acusó de colusión a los grandes compradores, “la FNE dijo que no se podía probar la colusión, sin embargo, advirtió que existe un gran poder de compra, alta concentración y barreras en la industria”, lamentando que en dicha ocasión no se investigara el abuso de posición dominante y se mostró suspicaz frente a la contradicción entre ese informe y el actual. De igual forma, afirmó que la industria está altamente concentrada y verticalmente integrada, con un oligopsonio en que las tres principales viñas representan el 80% del mercado.

“Es más, en el último informe ni siquiera se mencionan los precios predatorios bajo los costos que llegaron a $30/kilo, con los consecuentes daños al sector; mucho menos se investigó para dar una explicación de la causa de dichos precios. Lo anterior, a sabiendas que la principal excusa del poder comprador para pagar bajos precios eran los sobrestocks, lo cual fue refutado técnicamente, entonces ¿cuál es la razón de la fijación de precios bajo los costos?”.

“Nos preguntamos si la FNE está efectivamente cumpliendo su rol de defender la libre competencia o simplemente está buscando excusas para no investigar o acusar a los poderosos. Obviamente, a la luz de los resultados, la respuesta pareciera ser clara y la desilusión aún mayor en una institución en la que creíamos”, añadió Llanos, quien explicó que están buscando el apoyo de personeros políticos, como parlamentarios, de hecho, dijo que ya se han contactado con los diputados Carlos Jarpa y Jorge Sabag, y con el senador Víctor Pérez, y que solicitaron una reunión con el diputado Iván Flores, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja.

Fuente: La Discusión


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